La puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha supuesto una auténtica revolución social en España, al garantizar la atención social a personas mayores y a personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas. Así, por primera vez en nuestro país, los ciudadanos dependientes tienen reconocido el derecho universal a recibir servicios sociales y prestaciones económicas.
Tras dos años de aplicación de la ley, ya hay más de 400.000 beneficiarios de la norma según datos de las Comunidades Autónomas y más de 40.000 cuidadores familiares que reciben una prestación económica están dados de alta en la Seguridad Social.

Como es bien conocido, no todas las comunidades están demostrando la misma diligencia a la hora de atender a las personas dependientes y la Comunidad Valenciana no está siendo ni mucho menos un ejemplo a seguir en la aplicación de la norma. Así, con datos de la propia comunidad autónoma a fecha 1 de diciembre, nuestra comunidad estaría a la cola de España (por delante de Canarias y la Comunidad de Madrid) en cuanto a beneficiarios en relación a la población.

Ante esta situación, no deja de sonrojar la actitud de un diputado de nuestra comunidad en el Congreso de los Diputados y concretamente de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, quien nos sorprendió hace unos días en las Cortes con una interpretación, cuando menos creativa, en relación a la aplicación de la Ley de Dependencia.

Barrachina, quien parece no encontrar ni su sitio ni su tono en esta legislatura, dio una lección de hipocresía al interpelar a la ministra Mercedes Cabrera. Para el diputado popular, las comunidades autónomas gobernadas por el PP son aquellas “que han atendido con mayor grado de eficacia” y que han resuelto “con mayor prontitud” las solicitudes de los dependientes. Así,  criticó la gestión de comunidades como Andalucía (con 114.775 beneficiarios) o Galicia (31.689) y no se inmutó cuando calificó a la Comunidad de Madrid (19.996) o a Murcia (16.159) como “las mejores”. Ahí queda eso.

No se detuvo ahí el señor Barrachina.  Hablando de los servicios y prestaciones que ya están recibiendo los ciudadanos (en unas comunidades más que en otras, claro) el diputado señaló que “la ley ha virado hacia los cuidados no profesionales que dejan al mayor en su casa con la misma atención que tenía”. Que tenía, se olvidó de completar el diputado, cuando gobernaba el Partido Popular. Es decir: ninguna. Pero con una diferencia: ahora, los ciudadanos que cuidan a una persona dependiente en su domicilio cuentan por primera vez con una prestación económica y un alta en la Seguridad Social. Y ya nos gustaría a los valencianos que nuestra comunidad autónoma (que según sus propios datos ha otorgado 3.489 prestaciones de este tipo) tuviera la diligencia que están demostrando otras comunidades (Andalucía, por ejemplo, ha otorgado 38.068) en la concesión de estas prestaciones a las familias que realizan la labor abnegada de cuidar a un dependiente.

Pero esto no le pareció suficiente a Barrachina, quien pasó a continuación a criticar la financiación estatal de la Ley de Dependencia que considera escasa. Pareciera que  quisiera volver a los tiempos en los que formaba parte de un Gobierno central que no se preocupó por las personas dependientes durante ocho años ni puso un solo euro para ayudar a las Comunidades Autónomas en la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Ahora, en 2009, la financiación del Gobierno de España para la ley será de 1.600 millones de euros, el doble que en 2008. No cabe duda de que el compromiso del Gobierno socialista, en comparación con el Ejecutivo de Aznar del que formó parte este diputado, resulta incuestionable.
En definitiva, sería deseable que el señor Barrachina, como representante de los ciudadanos de Castellón en el Congreso de los Diputados, se preocupara un poco más de la situación de las personas mayores y de las personas con discapacidad de su provincia que están teniendo dificultades a la hora de recibir de la Generalitat los servicios y prestaciones a los que tienen derecho en virtud de la Ley de Dependencia. Y, teniendo en cuenta esta problemática que se está produciendo en su circunscripción, debería ahorrarse por vergüenza espectáculos extemporáneos, manipulaciones de datos y críticas hipócritas y absurdas desde la tribuna del Congreso. Porque una cosa es la crítica sensata como diputado de la oposición a aspectos que dependen del Gobierno en la aplicación de la ley y otra hacer bandera de la demagogia, la hipocresía y la manipulación sin despeinarse.
Y es que, como apunta Barrachina, puede haber “españoles frustrados que necesitan una explicación” sobre la aplicación de la Ley de Dependencia. Pero de lo que no cabe duda es que una gran parte de ellos están en la Comunidad Valenciana y que al señor Barrachina parece no importarle.

Publicado en El Levante de Castellón el 24.12.08

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