Comparecencia de Isabel Serrano, Presidenta de la FPFE

19 Diciembre 2008 – 20:47

SUBCOMISIÓN PARA REALIZAR UN ESTUDIO Y ELABORAR UNAS CONCLUSIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

COMPARECENCIA DE ISABEL SERRANO
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE ESPAÑA

3 DE DICIEMBRE DE 2008

Buenos días a todos y a todas. Creo que se me oye bien. En primer lugar, claro, agradecer la posibilidad, bueno, el interés por poder escuchar nuestras palabras. Como saben, represento a la Federación de Planificación Familiar Estatal. Es una organización no gubernamental con veintiún años de experiencia, que estamos especializados en la educación sexual, en la planificación familiar, en los derechos sexuales y reproductivos, y que especialmente llevamos todo el tiempo, toda la vida, trabajando en pro de la salud de las mujeres.

A nivel personal y profesionalmente, soy ginecóloga y llevo prestando durante veintiséis años servicios como funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente en los programas de planificación familiar y salud maternoinfantil, y en los últimos años en el Centro Madrid Salud Joven, lógicamente especializado en este grupo de edad. También de 2005 a 2008 he sido miembro del Comité Europeo de la red europea de la internacional, la Federación Internacional de Planificación Familiar, donde he tenido oportunidad de comprobar un poco la situación en otros países.

Como ONG partimos de una serie de principios que, en el campo que nos ocupa, me gustaría resumirles en los siguientes puntos: por un lado, pensamos que nadie discute en el momento actual que la planificación familiar es un elemento indispensable para que las personas puedan decidir libremente cuántos hijos tener y el momento para tenerlos. Esta idea, obviamente, ha sido reforzada, no lo decimos nosotros, ha sido reforzada en las conferencias internacionales, en el propio texto se indica cuáles han sido y creo que ustedes conocen. Esto se refuerza, ¿por qué? Pues porque todo se relaciona con la capacidad reproductiva de las personas. ¿Ustedes se han preguntado cuántos hijos o hijas podríamos tener si no pusiéramos sentido común a nuestra capacidad biológica? Pues técnicamente serían como veinticinco.

Entonces, obviamente, ante esta situación cualquiera diría: “bueno, existen métodos anticonceptivos”; este es el discurso que todos tenemos. Pero también nadie discute que no son infalibles, ni desde el punto de vista técnico, nunca llegarán a ser absolutamente infalibles, ni desde el punto de vista, que es muy importante, del manejo humano. Somos humanos y los métodos anticonceptivos se utilizan de una determinada manera. Y desde ese punto de vista, en nuestra opinión el aborto es un recurso, no es el primero, no es el mejor, pero es un recurso para que las personas puedan ejercer un cierto control sobre su fertilidad y puedan actuar en determinadas situaciones frente al embarazo no deseado.

Quiero recordarles que por suerte, tanto los gobiernos del PSOE como del PP, al menos desde 1994, la primera conferencia, a la que nos remitimos como referencia, están comprometidos con esos planes de acción. Por tanto consideramos que en el momento actual plantear que el aborto no tiene nada que ver con el control de la fertilidad, no tiene nada que ver con lo que se hablaba de aborto seguro, etcétera, en estas conferencias, pues no nos parecería adecuado.

Nosotros y nosotras tenemos muy claro, de verdad, que defender los derechos sexuales y reproductivos significa respetar la elección individual ante algo que atañe tan íntimamente al cuerpo, a la salud y a la vida de las mujeres. Todo el mundo sabe que a las mujeres adultas, a las mujeres en general como seres humanos se les reconocen derechos fundamentales que, bueno, creo que se repetirán seguramente en estas comparecencias, entre los que cabe destacar el derecho a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, al libre desarrollo de su personalidad, y todo ello vinculado al amparo que el Estado y la sociedad están obligados a darles frente a una imposición que sería un embarazo que no se desea de ninguna manera.

De acuerdo al consenso jurídico, sabemos que estos derechos no pueden ponerse al mismo nivel que los de la vida en evolución por mucho respeto que nos merezca, y nos la merece, sobre todo a los profesionales de la ginecología. Suponer que alguien externo a las mujeres (podría ser un médico, un juez, un cura) puede arrogarse mayor legitimidad en esa toma de decisión, que siempre es dolorosa y siempre es ineludible (es que hay que tomar una decisión), es infravalorar a la mujer como sujeto de derecho. Es más, creemos que obligarla a actuar contra su decisión incrementa la desigualdad entre hombres y mujeres, porque esto sólo lo viven las mujeres en su cuerpo, y constituye una forma de violencia que debería ser constitutiva de delito.

Nosotros, reforzando esta idea, y no los que reducen el discurso a que sólo pueden elegir las mujeres que eligen lo que ellos quieren, somos los que de verdad día a día apoyamos a las personas que desean tener hijos, sin imposiciones, cumpliendo simplemente con nuestra obligación de respetarlas. Por la misma razón nos esforzamos también en poner a su alcance métodos anticonceptivos eficaces; que por cierto, ustedes saben que normalmente los grupos que nosotros llamamos fundamentalistas antielección permanentemente son contrarios, no están de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos eficaces, ponemos métodos anticonceptivos y, cuando es necesario, asistimos y atendemos ante una demanda de aborto.

Por lo tanto, no ha lugar a la primera gran mentira del conservadurismo español, que es definir a las personas y sectores que defendemos el derecho al aborto como pro abortistas. Nos importa mucho, es muy importante cuidar el lenguaje.

Estamos aquí para hablar de un tema controvertido y complejo, que desde nuestro punto de vista requiere madurez y cordura. Se puede hablar de muchas formas, pero tenemos que ser muy serios. No sólo individual, sino fundamentalmente social. La reflexión sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida, como dar vida o no darla, como la muerte, la justicia, la solidaridad, la equidad y el apoyo a los más vulnerables, nos ennoblece, es un debate maduro. Consideramos pues que la parte de la sociedad, y especialmente determinados sectores que utilizan el aborto como arma política, que se valen de argumentos maquiavélicos (hablar de trituradoras de niños), que se llenan la boca de derechos propios pero menosprecian los derechos de los demás, que quieren mantener la hipocresía de una ley que en nuestra opinión ya no sirve, e incluso se quiere dar marcha atrás y retrotraernos a años pasados, que en el colmo del cinismo, de ser necesario, esas mismas personas cuando tienen hijas adolescentes les ayudan a abortar; les aseguro que en mis largos años de experiencia profesional como ginecóloga he visto de todo, y he visto esto, y lo hemos visto todos. Lo que pasa es que por respeto, obviamente, nos sometemos al secreto profesional y nunca se pueden declarar estas cosas. Y creemos que estas actitudes están haciendo mucho daño a la sociedad.
Bueno, señoras y señores, han pasado muchos años desde 1985, y una sociedad que, para nuestra suerte, ha experimentado tan grandes avances en el reconocimiento de nuevos derechos, tendría que aceptar que detrás de una mujer que decide abortar siempre hay un proceso, duro proceso, íntimo y personal que requiere respeto, protección legal eficaz y cuidados sanitarios.

Dicha esta introducción respecto a una declaración, podría ser, de principios, me gustaría centrarme específicamente en los aspectos sanitarios. En 1986, hace ya muchos años, soy bastante mayor, escribí junto a otras dos ginecólogas un libro sobre el aborto en cuya dedicatoria podía leerse: “A Mari Carmen Talavera, que murió en Madrid en 1985 a consecuencia de un aborto clandestino”, situación que viví en el hospital donde yo estaba formándome. Entonces, por si a alguien se le ha olvidado, morían mujeres en España debido a políticas represoras; y afortunadamente, hoy ya no mueren mujeres, gracias a los avances técnicos, y sobre todo al esfuerzo de muchos profesionales que prestan servicios sanitarios de calidad en las clínicas acreditadas y autorizadas legalmente para la realización de estas intervenciones.

El sistema sanitario público, como antiguamente pasó con temas de planificación familiar, se ha desresponsabilizado incomprensiblemente de una atención de salud tan importante como es el aborto. Y el aborto se relaciona con la salud física, psíquica y social. Y esta es la definición internacional aceptada. Entonces, ¿qué concepto de salud defendemos?

Les hablaré brevemente sobre cómo se lleva a cabo una interrupción de embarazo, en un intento por convencerles de que se trata de un acto médico-sanitario que debería ser normalizado y atendido también en los diferentes niveles de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Veamos con el soporte de algunos datos oficiales (he tenido la oportunidad de revisarme justo los datos que ayer han sido publicados, y por tanto he incorporado una mínima información al respecto), les informo, apoyada por estos datos, como les decía, por lo que pasan estas mujeres cuando se enfrentan a un aborto. Mujeres que, de acuerdo a esos datos, generalmente no han tenido oportunidad de acudir previamente a un servicio de planificación familiar, el 59 por ciento de los casos. Lo más común es que estas mujeres se dirijan directamente a servicios sanitarios privados, porque todas tienen la percepción de que la Seguridad Social, que es a la que habitualmente vas para cualquier problema de salud, no acepta, por los motivos que sea, este tipo de demandas. En este año aún estamos peor que en el año anterior: el 98 por ciento se realizan en privados y el 2 por ciento se realizan en públicos.

Así pues, desconocimiento absoluto sólo disipado por la información que ofrecen algunos profesionales de la sanidad pública, con gran esfuerzo, y desde las propias clínicas privadas (análisis de sangre, otras exploraciones médicas y psiquiátricas), para finalmente pasar a un quirófano, donde con anestesia local o general son sometidas a una intervención quirúrgica. Lamentablemente el 96 por ciento es un aborto quirúrgico, y sólo el 4 por ciento es aborto farmacológico. Miedo, incertidumbre, angustia, dolor físico, duelo, temor a que los datos personales puedan ser difundidos, falta de medios económicos: hagan un pequeño esfuerzo, es que no es tan difícil ponerse en el papel de esas mujeres.

Y hay casos especiales, afortunadamente menos numerosos. Me refiero a cuando la situación deriva de una enfermedad muy grave de la mujer o a un diagnóstico prenatal muy desfavorable. ¿Por qué todas esas mujeres tienen que ser atendidas fuera de los circuitos convencionales? ¿No se trata de una atención de salud en un Estado que consagra el derecho universal a la salud? ¿Podríamos imaginarnos cualquiera de nosotros cualquier situación médica en la que los pacientes tuvieran que ir de una ciudad a otra para ser atendidos, tuvieran que costearse una intervención ginecológica, o fueran maltratadas, como en ocasiones ha sucedido –me refiero a maltratadas verbalmente–, por personal sanitario amparado por un ilimitado derecho a la objeción de conciencia? ¿Dónde quedan los derechos de los pacientes?

Aprovecho para recordarles que hay una ley que para los sanitarios, para nosotros es como muy común, que manejamos habitualmente, que es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, que por supuesto ustedes conocen, de 2002: protege el derecho de los pacientes a decidir libremente sobre las opciones clínicas disponibles y la obligación de los profesionales a dispensarles respeto, confidencialidad y buen trato.

Por cierto, yo creo que es un tema que suele salir a veces a la palestra: les invito a no caer en la tentación de vincular más casos de abortos o peor cobertura sanitaria a políticas sanitarias progresistas; incluso todo lo contrario. Como muestra sirvan datos recientes, también de 2007, sobre la situación del aborto en la comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que presenta las mayores tasas de aborto de todo el Estado, en la que ni siquiera la cuarta parte de los abortos debidos a riesgo fetal se cubren en la sanidad pública, y en la que el 77 por ciento de las mujeres tienen que pagarse el cien por cien del coste de la intervención en clínicas privadas (información disponible en el Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid de abril de este mismo año).

Por tanto, después de esta breve introducción –¡bueno, breve!–, lo que a nuestro criterio debe cambiar lo enmarcamos en dos aspectos: el marco legal y el marco sanitario.

Respecto al marco legal, para reforzar nuestra idea permítanme un comentario como una cierta anécdota: se ha hecho un estudio en otro país muy similar al nuestro en el que se preguntaba a los ciudadanos y ciudadanas una serie de preguntas; cuando se les preguntaba “¿usted ha abortado alguna vez?”, la respuesta general era “no”. “¿Usted conoce alguien que haya abortado?”: todo el mundo contesta “sí”. Y por último, “¿está de acuerdo en que una mujer que aborta vaya a la cárcel?”: respuesta unánime, “no”. Consideramos que esas situaciones son perfectamente extrapolables a nuestro medio, porque aquí nadie puede decir públicamente que ha abortado. ¿Por qué? Porque hay una presión inhumana generada por los grupos antielección, apoyados, en nuestra opinión, por la jerarquía eclesiástica y por la militancia conservadora. Todo el mundo está familiarizado y acepta de manera pragmática el aborto, también en nuestro país, y lo que es más importante, ninguna persona de buena voluntad desea que una mujer que aborta sea legalmente perseguida o penalizada.

Por tanto, defendemos un marco legal que evite la persecución de las mujeres y de los profesionales sanitarios, que lógicamente, cumpliendo protocolos consensuados, participan en el proceso.

Y lo hacemos proponiendo una ley de plazos con un límite basado en las veintidós, veinticuatro semanas de gestación, que es el periodo establecido en el momento actual (dentro de unas décadas, no sabemos) como definitorio de aborto desde un punto de vista médico, de acuerdo a las declaraciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y como complemento, permítanme leerles textualmente unas palabras emitidas por el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona en un documento de 2008: “La visión hoy mayoritariamente aceptada por los científicos es que la vida propiamente humana comienza alrededor de las veintitrés semanas de gestación, cuando se inician las conexiones sinápticas hacia la corteza cerebral y en el interior de esta”.

Sin embargo, somos conscientes de que este planteamiento requiere matizaciones; es muy abstracto, es muy general. El establecimiento de límites variados (en unos países doce, ocho, catorce, veinte) se fundamenta habitualmente en criterios de aritmética parlamentaria más que en criterios científicos y sociales. Si no, habría más unanimidad.

En la hipótesis de establecer un plazo inferior a esas semanas que proponemos, consideramos imprescindible complementar el sistema de plazos con un sistema de indicaciones médicas por razones de salud física y psíquica de la mujer. En caso de riesgo vital para la gestante, defendemos el no establecimiento de límites, de acuerdo al Derecho común y sanitario.

En este contexto, el aborto consecutivo a un delito de violación no tendría lugar. Teniendo en cuenta que por protocolos obstétricos la ecografía fundamental para diagnóstico prenatal está pautada alrededor de las veintidós semanas, se comprende fácilmente que mientras se confirma el diagnóstico y se toma una decisión tan difícil para esa mujer con embarazo deseado, situará en un número determinado de casos el momento del posible aborto más allá de las veinticuatro, veintiséis semanas. En estas condiciones, la nueva normativa legal, creemos que debe incorporar medidas para dar cobertura legal y sanitaria a esas situaciones extremas y superdolorosas.

Una nueva ley que, como es esperable, contemple todas las situaciones posibles, no deje vacío legal, proteja efectivamente a quienes necesitan hacer uso de ella y, como es lógico, no obligue a nadie a actuar contra su deseo (la ley no obliga a nadie a abortar), haría innecesario mantener el aborto dentro del Código Penal, porque además entendemos que el aborto no consentido realizado contra la voluntad de la mujer está suficientemente protegido por otros marcos legales vigentes.

Hasta el momento, legalmente se requiere la autorización materna o paterna en caso de que la solicitante sea menor de dieciocho años. Consideramos que en la argumentación relativa al menor maduro, que se contempla en la citada ley de 2002 sobre autonomía del paciente, debe ser ampliada la atención al aborto. Consideramos pues que se debe respetar la decisión de la adolescente mayor de dieciséis años, debidamente informada, sin necesidad de tutelas especiales.

Respecto al marco sanitario –intentaré abreviar– defendemos la participación efectiva y equitativa del Sistema Nacional de Salud en la prestación sanitaria de aborto independientemente de la comunidad donde se viva. Somos conscientes de que corregir la inercia generada por esta desidia de las últimas décadas respecto al papel de las administraciones públicas nos debe hacer tomar medidas concretas.

Serían, a nuestro entender: garantizar la existencia de servicios ginecológicos hospitalarios con capacidad para llevar a cabo interrupciones de embarazo en todas las comunidades autónomas, estableciendo medidas de control y corrección específicas en caso de incumplimiento.

Hay que regular la objeción de conciencia, en nuestra opinión, y hay que hacerlo mediante un documento firmado por cada objetor que recoja de forma precisa la práctica sanitaria a la que afecta. Matizando: no se conoce, lamentablemente, otra forma racional para que los responsables sanitarios puedan organizar los servicios y cubrir las necesidades de asistencia. Se da por hecho que la confidencialidad de dicha documentación será protegida de acuerdo a la vigente Ley de Protección de Datos, que consideramos muy apropiada y muy amplia. Sólo pueden acogerse a la objeción de conciencia las personas, y no las instituciones, lo que hasta ahora de hecho se ha estado aceptando en forma contraria a la ley, y hay que recordar que esta regulación sólo debe aplicarse a los sanitarios directamente implicados en el proceso, y nunca en la atención sanitaria previa y posterior a la intervención.

Asegurar que todas las interrupciones de embarazo demandadas por mujeres que han recibido en la sanidad pública un diagnóstico prenatal de que su bebé nacerá con graves taras se realicen sin excepción (siempre que la mujer quiera, se sobreentiende) dentro del mismo hospital. De lo contrario el diagnóstico prenatal basado en el avance tecnológico dejaría de tener sentido dentro del sistema de salud, ya que sólo se justifica cuando existe la opción de abortar o, lo que es menos probable, de aplicar terapias eficaces.

El último punto sería incrementar la implicación de servicios de planificación familiar y atención a la salud sexual y reproductiva en los procesos relacionados con el aborto, posibilitando la instauración muy rápida de métodos anticonceptivos. Estos servicios podrían actuar también (por qué no, pasa en otros países) en caso de abortos farmacológicos, ya que el tratamiento médico utilizado (mifepristona con misoprostol) es muy seguro y eficaz en embarazos muy tempranos.

Consideramos asimismo necesario, como no puede ser de otra manera, que cualquier cambio legal y normativo sobre el aborto incorpore las medidas reconocidas para la prevención del embarazo no deseado, que es el que realmente conduce al aborto. Hay que evitar el embarazo no deseado, es la única forma de evitar el aborto. Nos referimos a una educación sexual de calidad, temprana y acorde a los diferentes grados de madurez y a estrategias que promuevan servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, incluyendo los dirigidos a gente joven, y que favorezcan la financiación pública de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de urgencia.

Para terminar (lo he escrito, pero lo digo, no solamente desde la razón, sino desde el corazón), lo lógico es que ningún marco legal ni sanitario garantiza al cien por cien que los casos funcionen a la perfección; siempre quedará alguna mujer desprotegida, siempre habrá una minoría de personas que harán caso omiso de la ley (dirán: “a mí no me importa; voy a seguir con mis planteamientos”), o habrá personas que harán un uso indebido de las posibilidades que se les ofrecen. Pero esto nunca debería ser utilizado como pretexto para limitar ese marco general o para castigar a la mayoría de la gente, que como todos confiamos, la mayoría de la gente es razonable y es responsable; y esa gente necesita protección legal y sanitaria, la protección que nosotros proponemos.

Yo les aseguro que si ustedes, a lo largo de mis veintiocho años de médica, en los que probablemente todos los días de mi trayectoria profesional he podido atender a una mujer en el proceso previo o posterior a una interrupción del embarazo, no solamente atendido, sino simplemente con que las hubieran escuchado, simplemente con que todos nosotros tuviéramos en cuenta los principios que son elementales a cualquier atención (principios de respeto, de autonomía, de confiar en que la persona decide adultamente, de beneficencia), yo creo que no les quedaría ninguna duda de que las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar pronto y a mejor.

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