Hoy es un día histórico

Hoy es un día histórico en el que el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el inicio del trámite parlamentario del proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Después de 30 años de democracia, España tendrá una ley como el resto de Europa, que respeta el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propia maternidad con seguridad y garantías jurídicas.

Intervención de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído Almagro, durante el debate:

Con la mayor de las convicciones defenderé un proyecto largamente reflexionado y deliberado por el conjunto del Gobierno. Un proyecto que tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y de injusticia, así como aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo. ¿Por qué seguir cerrando los ojos cuando la situación actual es mala? Señorías, con estas palabras hace exactamente hoy treinta y cinco años, el 26 de noviembre de 1974, la entonces ministra de Sanidad francesa de un gobierno conservador, Simone Veil, se dirigía a la Asamblea Nacional de Francia para presentar el proyecto de despenalización del aborto en aquel país. Han transcurrido más de tres décadas, sin embargo las palabras de Veil cobran plena vigencia ante el debate que abrimos hoy en esta Cámara. Esto nos demuestra que otras sociedades europeas con gobiernos de distinto signo, conservadores y progresistas, han hecho frente con valentía y por cuestión de principios a la misma situación que hoy abordamos en nuestro país. Suecia lo hizo al igual que Francia en 1974, Italia aprobó su regulación en 1978, Holanda en 1984, Bélgica en 1990, Alemania en 1992 y Dinamarca en 1995, por citar solo algunos ejemplos, y todo ello bajo un denominador común: el del rigor, la responsabilidad y el coraje para asumir la realidad, para contemplarla tal como es, sin filtros ni maquillajes, para visibilizar y afrontar los problemas.

Soy sabedora, señorías, de la profunda implicación moral que para una parte de la ciudadanía entraña este debate; para otros es simplemente incómodo, porque les obliga a pronunciarse ante una realidad que han eludido durante años; pero no es menos cierto, señorías, que asumir la realidad constituye la primera obligación de todo gobierno responsable. España ya acometió una primera despenalización parcial del aborto hace un cuarto de siglo y quiero expresar mi reconocimiento a aquel Gobierno, también del Partido Socialista, porque sin duda llevó a cabo la mejor regulación posible en el contexto político y social de aquel momento. Desde entonces no ha habido prácticamente legislatura donde no se haya abordado la conveniencia de modificar la regulación vigente y siempre en la misma dirección: ofrecer mayor seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios que las atienden y garantizar la equidad en el acceso a esta prestación sanitaria.

En concreto, se han registrado y debatido más de veinte iniciativas desde 1995 de distintos grupos parlamentarios para acometer una nueva regulación sobre la interrupción del embarazo, como digo, en esta dirección. Y ya en esta legislatura hemos profundizado en el necesario debate social y político sobre esta cuestión. En septiembre de 2008 se constituyó una subcomisión parlamentaria que realizó un estudio y elaboró unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La Comisión de Igualdad aprobó, en febrero de 2009, dichas conclusiones e instó al Gobierno a reformar la actual legislación bajo unas consideraciones que SS.SS. conocen. Paralelamente el Gobierno constituyó un grupo de personas expertas que estuvo trabajando durante seis meses en el estudio de nuestra actual legislación, en las recomendaciones de los distintos organismos internacionales, así como en el estudio de otros modelos de regulación en el derecho comparado. Ambos informes coinciden en señalar la necesidad de abordar no solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino también la salud sexual y reproductiva con el objetivo, entre otros, de prevenir embarazos no deseados. A partir de estos antecedentes, a partir de estos trabajos, señorías, lo que ha hecho el Gobierno es elaborar un proyecto de ley que recoge las recomendaciones contenidas en ambos informes; lo hemos hecho de manera coordinada los Ministerios de Igualdad, de Sanidad y Política Social, de Justicia y de la Presidencia. Todos los departamentos hemos trabajado conjuntamente en un proceso de intenso debate y de diálogo plural con la sociedad civil, hemos escuchado la opinión de todas las organizaciones sociales implicadas y hemos estudiado todas las propuestas recibidas. Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como este y todavía queda lo más importante: el debate y la aprobación de las Cortes Generales.

Hoy comienza la discusión parlamentaria de este proyecto de ley, un proceso que estoy segura transcurrirá por los cauces del rigor, la responsabilidad y el ánimo constructivo. Señorías, asumir la realidad social y resolver los problemas de la gente debe constituir la prioridad de cualquier gobernante democrático y responsable. Y eso es precisamente lo que ha hecho este Gobierno ante una situación que coincidimos en calificar de insatisfactoria; una situación caracterizada por el incremento de embarazos no deseados en nuestro país y el creciente número de abortos a lo largo de los últimos años; una realidad preocupante, puesto que deja al descubierto un marco jurídico que ha quedado obsoleto al no dar respuesta a la realidad de la sociedad española. Basta recordar como ejemplo que el 97 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país son realizadas bajo el supuesto de salud psíquica de las mujeres, que no tiene limitación temporal en la regulación vigente. La vulneración de los derechos a la intimidad y a la dignidad de muchas mujeres y la incertidumbre de numerosas jóvenes ante embarazos prematuros y no deseados forman parte aún del día a día de este país, forman parte aún de la vida de miles de mujeres. Reconozcamos, pues, señorías, que resulta inexplicable el hecho de no acometer una reforma en profundidad de la actual legislación; inexplicable para una sociedad avanzada como la nuestra y para las más de 100.000 mujeres en particular que interrumpieron su embarazo en España durante el pasado año. Lo que proponemos es reformar una legislación cuyas carencias obligan a las mujeres a la humillación de alegar problemas psíquicos para interrumpir su embarazo, las somete a una inseguridad vejatoria y al temor permanente de que su historial clínico termine en un juzgado.

Por esa razón, señorías, es hora de decidir; decidir si enfrentamos el problema o continuamos mirando hacia otro lado; decidir si regulamos esta absurda e injusta situación o conservamos un limbo jurídico cargado de hipocresía e incertidumbre; decidir también si hemos de juzgar y condenar a las mujeres que, enfrentadas a una de las decisiones más difíciles de su vida, no han seguido adelante con un embarazo. El Gobierno lo tiene claro. No podemos seguir mirando hacia otro lado; hay que asumir la responsabilidad. Las leyes deben responder a las necesidades reales de la ciudadanía, que es la que nos ha elegido mediante sus votos para que demos respuestas a los pequeños y a los grandes problemas que le afligen. El Consejo de Estado ya se encarga de recordarnos en su informe que conviene reformar la regulación a fin de ajustarla a la realidad, porque nada es más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su aplicación.

Señorías, ni el Gobierno de 1983 ni el de hoy inventaron el aborto. Es más, no conozco a nadie que considere que abortar sea una realización personal o un bien deseable. Este Gobierno, como aquel otro, solo pretende que las mujeres que tengan que afrontar una decisión de tal calibre lo hagan con la máxima seguridad sanitaria y que no puedan ir a la cárcel por tomar esta decisión. Por eso, proponemos una ley más equilibrada que solvente los problemas de la legislación vigente, que sea equiparable a la de los países de nuestro entorno y que ponga límites y garantías donde hoy no los hay. Esta ley es mucho más que una ley de aborto. Es una ley que garantiza los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva; una ley que además regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

Este Gobierno ha elaborado una ley cargada de razones y de propuestas contrastadas. De hecho, ni su letra ni su música suenan de una forma distinta a como suenan otras leyes europeas en esta materia. Esta norma recoge, asimismo, las conclusiones de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, que instan a los gobiernos a establecer políticas que faciliten la anticoncepción efectiva y proporcionen servicios accesibles y de calidad. Este, señorías, es el aspecto más importante y más innovador de la propuesta que traemos: el amplio contenido de medidas en el ámbito social, sanitario y educativo para garantizar la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados. Porque, aunque apenas se ha hablado de ello en estos últimos meses, uno de los objetivos prioritarios de esta ley es frenar ese incremento progresivo de embarazos no deseados que terminan cada año en abortos en nuestro país. Por eso pretendemos impulsar políticas públicas en el ámbito sanitario y educativo, mediante acciones informativas de sensibilización, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de formación de profesionales de la salud, de garantía de calidad y accesibilidad a los servicios de salud y planificación familiar, todo ello enmarcado en una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que el Gobierno tendrá que elaborar cada cinco años junto con las comunidades autónomas y con la colaboración de las sociedades científicas y organizaciones sociales.

El título II del proyecto regula los requisitos y las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. Proponemos una regulación más segura que la vigente, más equilibrada, que garantizando la autonomía y la libertad de las mujeres no descuida la protección de la vida prenatal; una regulación que respeta los espacios de autonomía y libertad que nuestro Tribunal Constitucional nos ha marcado. La ley establece así un sistema de plazos, combinado con unas indicaciones. Con esta propuesta las mujeres pueden decidir la interrupción dentro de las primeras catorce semanas de gestación, una vez que hayan recibido información previa sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, derechos, prestaciones y ayudas que, por cierto, señorías, en los últimos cinco años se han visto incrementados como nunca en nuestra historia. El proyecto de ley complementa este sistema de plazos con la posibilidad de interrumpir el embarazo por razones médicas en supuestos claramente definidos. Además establece una serie de garantías en el acceso a la prestación. La ley incluye la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como garantía de la gratuidad de la prestación y del deber de la red sanitaria pública de asegurar en todo caso su realización. Asimismo, se refuerzan la protección de la intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos.

Señorías, ya es hora de romper una lanza a favor de la responsabilidad de las mujeres ante la maternidad. El Consejo de Estado decía en su informe, que arroja muchas luces sobre la conveniencia de esta reforma, que no resulta lógico suponer a la mujer gestante una voluntad malévola y ni siquiera arbitraria a la hora de decidir sobre la continuación de su embarazo. Las mujeres, ustedes lo saben bien, no se quedan intencionadamente embarazadas para luego abortar. Siempre hay una causa mayor que determina una decisión de esta naturaleza y quienes la toman, señorías, no merecen ser criminalizadas, juzgadas, ni condenadas. Por eso, con esta propuesta eliminamos del Código Penal la pena privativa de libertad, eliminamos la amenaza del castigo de cárcel para las mujeres.

Por último, quiero referirme a la capacidad de decisión de las jóvenes. Como saben, hemos incluido la eliminación de la excepción establecida en la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, de manera que la interrupción voluntaria del embarazo se equipare al resto de prestaciones sanitarias, para las que la mayoría de edad para consentir está establecida en 16 años. Esta fue una de las conclusiones aprobadas en el Parlamento, que el Gobierno asumió porque queremos proteger la salud de las jóvenes y evitar a toda costa la clandestinidad e inseguridad que pueda ponerlas en riesgo. No obstante, conscientes del intenso debate generado en torno a esta cuestión concreta, trataremos de encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios en aras del mayor consenso posible.

Señorías, el Gobierno presenta un proyecto de ley demandado en su origen, meditado en su elaboración y equilibrado en sus términos, alejado de dogmatismos y de imposiciones morales. La maternidad, señorías, debe ser fruto de una decisión personal, nunca de imposiciones ajenas. Tampoco pretendemos a estas alturas reproducir debates ampliamente superados por la ciudadanía española, sino contar con una ley que responda a nuestro tiempo y a las demandas de la sociedad actual, una ley de prevención e información, una ley de protección y garantías, una ley reflexionada y equilibrada. Y nos gustaría aprobarla con el mayor consenso posible, dialogando y equilibrando posiciones, porque partimos de un punto común: la regulación actual no convence a nadie y, por tanto, es necesario cambiarla. Como estoy convencida de que nadie tiene toda la razón durante todo el tiempo, confiemos todos en ser lo suficientemente humildes para que en el transcurso del presente debate este Parlamento sea lo mejor que puede ser, un lugar donde el verbo convencer sea más utilizado que el verbo vencer y donde la política no solo sea retórica, sino diálogo constructivo. En este sentido, quiero hacer un especial llamamiento al principal partido de la oposición. Señorías, les invitamos a que compartan con el Gobierno el ejercicio de responsabilidad que supone afrontar un problema social de este calado. Les invitamos a que lo hagan ahora ya que no fueron capaces de hacerse cargo de este reto durante los ocho años que gobernaron, cuando se practicaron en España 500.000 abortos. No cometan el mismo error que hace veintiséis años, quedando al margen de una realidad social que con el tiempo acabarán asumiendo, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones.

Concluyo, señorías, agradeciendo en primer lugar al movimiento de mujeres, representado hoy en las tribunas, su trabajo constante para que estemos hoy aquí debatiendo este proyecto. También quiero expresar mi agradecimiento a las distintas entidades, a los profesionales sanitarios y a los especialistas que han acompañado los trabajos y consultas realizadas con motivo de este proyecto de ley. Asimismo quiero agradecer el trabajo que los grupos parlamentarios han realizado y realizarán durante el debate del proyecto que hoy presentamos, un debate que, insisto, espero que sea riguroso, responsable, constructivo y que pueda enriquecer el contenido del proyecto. Sin duda el conjunto de la sociedad española nos agradecerá que hayamos estado a la altura que exigen los tiempos y la complejidad del problema que abordamos.

Intervención del Portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso Suárez:

Después de unos veinticinco años de funcionamiento del actual sistema de interrupción voluntaria del embarazo, los debates que hemos tenido en esta misma Cámara, en la subcomisión que se formó en noviembre de 2008 -por cierto, quiero reconocer y agradecer expresamente el brillante trabajo que las parlamentarias y los parlamentarios socialistas hicieron en esa subcomisión- y en la comisión técnica que trabajó con el Gobierno al respecto, dejaron claro que con este sistema existe hoy una situación objetiva de inseguridad jurídica de las mujeres que han de interrumpir su embarazo, y de los profesionales sanitarios que las atienden. Existe también una falta de respeto a la decisión de las mujeres y una situación de inequidad territorial en el acceso a la prestación sanitaria. Señoras y señores diputados, el Gobierno y el Partido Socialista tienen la obligación política de acabar con esta situación, y van a hacerlo. Vamos a conseguir una ley que garantice la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, y que nos homologue con el resto de los países europeos que tienen el mismo sistema que vamos a implantar en España.

Señoras y señores diputados, desde Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea no han dejado de emitirse recomendaciones a los Estados para que elaboren legislaciones seguras y con garantías para el ejercicio del derecho y para el respeto a la dignidad de las mujeres. Partiendo de esos trabajos parlamentarios a los que me he referido, partiendo de esas recomendaciones de las instituciones internacionales, y por supuestísimo partiendo de nuestras propias convicciones el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley cuya totalidad debatimos, señora ministra, hoy. La posición política del Gobierno y de los socialistas no se limita a la interrupción voluntaria del embarazo; de hecho, esta es una cuestión importantísima, pero incluida en un contexto o estrategia de salud sexual y reproductiva, y de prevención de embarazos no deseados. Con la nueva ley, señoras y señores diputados, la sociedad española se va a dotar del marco normativo que justamente piden esas instituciones internacionales, de manera que vamos a garantizar la seguridad jurídica, la garantía del respeto a la propia ley y el ejercicio adecuado de los derechos de las mujeres, respetándolas en las decisiones que tengan que tomar y respetando su confidencialidad y su intimidad, garantizando que el Sistema Nacional de Salud se aplica con calidad y de un modo equitativo, personal y territorialmente.

Señoras y señores diputados, junto a ello debo destacar que la ley, una vez en vigor, nos va a homologar con la práctica totalidad de los países europeos, señoras y señores del Partido Popular: Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Finlandia, etcétera. Ahí, en esa corriente, desde el punto de vista de la regulación normativa, nos vamos a situar. Señoras y señores diputados, lo primero que hay que decir de la legislación que viene, que hoy discutimos en su totalidad y que hoy empieza a caminar, es que sin duda alguna es plena y perfectamente constitucional; respeta sin duda alguna los parámetros de interpretación de la Constitución que el propio Tribunal Constitucional exige, y lo hace exactamente igual que las leyes similares de los países a los que me he referido, y que respetan naturalmente las similares constituciones de esos países de alto nivel de vida, y avanzados desde el punto de vista social y también legislativo y normativo.

Señor presidente, señoras y señores diputados, saben bien que el modelo que plantea la ley contiene un plazo de 14 semanas, combinado con indicaciones hasta las 22 semanas en el caso de malformación fetal o riesgo para la salud de la madre. Conocen perfectamente bien el texto normativo del proyecto, y por tanto no voy a abundar más en el sistema que instaura. Básicamente eso es lo que contiene. Pero, señoras y señores diputados, en el fondo, ¿qué es lo que justifica esta reforma legal? Verán, yo se lo voy a decir con toda franqueza. Hay toda una manera implícita y explícita de entender la convivencia en esta ley que proponemos. Cuando una mujer tiene que tomar la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo, señoras y señores diputados, puede recibir dos respuestas por parte del Estado. Una de ellas le lanza el Derecho Penal. Le habla a la mujer del miedo: le habla de registros de clínicas, le habla de incautación de expedientes, le habla del asalto a su intimidad, le habla de procesos, le habla de la amenaza de la cárcel. Se lo diré con la misma claridad a ustedes, señoras y señores del Partido Popular: esa es la respuesta de la derecha. Es su respuesta, la respuesta de la represión penal, justamente lo que empezó a ocurrir no hace mucho, en 2007, acuérdense, en los últimos meses de 2007: empezaron con toda una corriente sistemática de actitudes de esta naturaleza. No va a ser posible eso en cuanto esté aprobada esta ley. No va a ser posible en el futuro.

Y la otra respuesta, señoras y señores diputados, habla de algo muy distinto. Verán, señoras y señores, todos sabemos que la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión siempre difícil, y a menudo o a veces mucho más que difícil. La convivencia para nosotros, para los socialistas se basa en algo muy elemental: la comprensión de las personas. La comprensión de la situación en la que se hallan las personas, las mujeres en este caso. Por eso nosotros no vamos a arrojar a las mujeres el poder penal del Estado cuando tengan que abortar. No vamos a añadir dolor a la dificultad. Vamos a hacer justo todo lo contrario, y además tenemos la razón con mayúscula. Con todas las mayúsculas: la RAZÓN. ¿Saben por qué? Porque, señoras y señores diputados -se ha hecho alguna alusión aquí a lo largo y ancho de estas intervenciones; en alguna de ellas particularmente-, el poder del Estado existe entre otras cosas para excluir la venganza. Para eso se crea el Estado; y para resolver ponderadamente los conflictos. Y para eso el Estado, el poder público del Estado lo racionaliza y crea entre otras cosas un catálogo de derechos y libertades fundamentales, que efectivamente constituye la moral pública por la que todos, todos los ciudadanos nos regimos. Y para garantizar esos derechos y libertades, esa moral pública crea entre otros instrumentos un Derecho Penal. Pero el Estado de derecho y democrático crea un Derecho Penal de mínimos, señores del Partido Popular, porque cuando el Derecho Penal no es de mínimos, cuando no es indispensable, cuando se excede, corremos el peligro de caer en la tiranía, y de hecho caemos en la tiranía. Lo enseñaron Beccaría, Montesquieu y tantos otros, y lo enseña sobre todo la experiencia y el más precioso destilado de la experiencia: el sentido común. Señoras del Partido Popular, señores del Partido Popular, el Derecho Penal democrático se crea para luchar contra los criminales. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo ¡no son criminales! ¿Por qué quieren seguir castigándolas penalmente? ¿Por qué quieren seguir criminalizándolas? Señoras y señores diputados, con nosotros eso no va a ocurrir, no vamos a permitir su criminalización, no vamos a permitir el castigo penal.

Y por eso vamos a hacer esta ley: para que las mujeres, fundamentalmente las mujeres de este país, estén seguras cuando hagan lo que a veces tienen que hacer, en una situación difícil, dura y compleja. Les vamos a ayudar. No vamos a añadir dolor a sus dificultades.

Señor presidente, quisiera decirles un par de cosas más. Aquí traemos una propuesta razonable para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Introduce una seguridad jurídica y sanitaria que no existe en estos momentos, y homologa nuestra legislación con la legislación de la mayoría de los países europeos, ya se lo dije antes. Está bien trabajada técnicamente y es un buen proyecto. Pero, como todo en esta vida, es un proyecto mejorable y nosotros como es natural estamos abiertos a mejorarlo. Hay varios grupos, como bien saben en la Cámara, que están de acuerdo con el nervio central, con el eje central de la ley, con el sistema de plazos e indicaciones y con la despenalización explícita en el cumplimiento de los requisitos legales. Estando de acuerdo en lo principal, señorías, debemos llegar a un acuerdo en lo no principal, porque las mujeres de nuestro país no entenderían que no lo hiciéramos. No lo entenderían, y yo entendería que no lo entendieran. Con varios de estos grupos -ustedes lo saben- llegamos a acuerdos en la subcomisión parlamentaria a la que antes me refería. Respetaremos lo hecho con esos grupos, tengan la seguridad de que lo haremos, pero debemos tratar de ampliar los apoyos a la ley. Estamos abiertos a la negociación en diferentes aspectos, siempre dentro del respeto a las líneas centrales de la ley.

Por lo tanto, señor presidente, queremos acuerdos en cuestiones tales como la administración por la sanidad pública de anticonceptivos de última generación, por una regulación sensata de la objeción de conciencia, y en un tema que desde mi punto de vista se ha desmesurado indebidamente. Me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años y la relación con sus padres. ¿Qué ocurre con esto? El asunto nunca fue problemático entre 1985 y 2002, hasta que Aznar lo cambió -hizo una excepción solo para el supuesto de la interrupción voluntaria del embarazo-, y quiero plantearles la cuestión con toda franqueza, señoras y señores diputados. Esta ley no prohíbe -ni esta ni ninguna ley podría hacerlo- que las hijas hablen con los padres. Puede parecer una obviedad, pero prefiero decir esta obviedad a la vista de la cantidad de manipulaciones que determinados actores del debate público han tratado de introducir en ese debate público, pervirtiendo el sentido común. Por consiguiente, las hijas que tengan una relación normal con los padres -y nadie duda de que es el caso de la inmensa mayoría- seguirán teniéndola, y les contarán sus problemas o lo que sea. Lo que pasa, señorías, es que hay mujeres de 16 ó 17 años -todos lo sabemos- que no tienen esa relación normal, sino todo lo contrario, y corren el peligro, en el caso de que tuvieran que revelar situaciones fuertemente reprimidas en su medio, de padecer presiones, persecuciones violentas, malos tratos o quizá algo peor, señoras y señores diputados. Y todos sabemos que si a esas mujeres no les damos una salida legal, si las obligamos a contarlo, optarán por acudir a circuitos clandestinos de aborto, y en ese caso, señoras y señores diputados, nosotros mismos estaríamos frustrando la aplicación de la ley, de la misma ley que estamos aprobando. Reflexionen, por favor, acerca de ello y tratemos de llegar a un acuerdo también en este punto.

Voy acabando, señor presidente; tan solo unos segundos más. Señora ministra de Igualdad del Gobierno de España, cuando la escuchaba antes y oía alguna intervención posterior recordaba haber leído una cosa de Charles Taylor, que decía algo así como que la democracia es al final de todo ponerse en el lugar del otro. Yo mismo trataba de decirlo al principio de mi intervención: es comprender al otro, comprender al prójimo, comprender el sufrimiento de los demás. Las mujeres han sufrido mucho históricamente y usted está haciendo muchas y buenas cosas para que eso definitivamente en este país deje de ser así, muchas y buenas cosas. A usted, señora ministra, que comprende a las mujeres y que esto lo está haciendo por ellas -quiero decirle que está haciendo algo bueno, que está haciendo lo correcto, que está haciendo lo justo-, se le han dicho cosas tremendas. Yo he oído cosas tremendas de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, inaceptables. Hoy mismo en esta tribuna hemos escuchado de parte del Grupo Popular algo inaceptable referido a su persona, pero quiero decirle, señora ministra, que cada vez que nuestros diputados y yo oímos una cosa inaceptable su figura se agranda, y la estima que le tenemos se agranda exponencialmente. Quiero decírselo expresamente. Señor presidente, señoras y señores diputados, acabo ya y lo haré sin demasiada retórica. Solo necesito los segundos necesarios para reconocer, en nombre de los socialistas, el esfuerzo de tantos años de las mujeres que han hecho posible este momento. Muchas gracias a todas.

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