El presidente del Gobierno, en el Congreso de las Juventudes Socialistas, ha contestado con contundencia a la posición de los obispos y de la jerarquía católica española contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ha dicho que no se puede contraponer la fe a la ley en una sociedad democrática como la nuestra. Menos se pueden oponer las ideologías temporales sustentadas por esas jerarquías que asumen una cultura tradicional antimoderna y clerical que se opone a muchas conclusiones legales del Estado democrático, y que pretenden vender como la verdad que nos hace libres.

Ahora toca Educación para la Ciudadanía, antes fue el divorcio, el aborto, la enseñanza de la religión, el matrimonio entre homosexuales, la Ley de Educación e incluso dimensiones de la financiación que les parecen insuficientes.

Desde una arrogancia extrema, una sensación de impunidad y un insufrible sentido de superioridad, derivada de que administran "verdades superiores", llevan años desafiando a las autoridades legítimas, a la Constitución y a la ley intentando imponer sus criterios frente al interés general y a la soberanía popular residenciada en el Parlamento. Frente a esas actitudes, el Gobierno ha tenido una política de moderación. Ha evitado las confrontaciones y ha retirado los aspectos más delicados del programa de Educación para la Ciudadanía, aunque están aprobados por leyes del Parlamento. Ninguna de esas actitudes ha calmado la beligerancia de los cardenales y de los obispos, que siempre buscan nuevos conflictos para la confrontación. La inmediata contestación a las palabras del presidente, con un tono desafiante, es el último signo de su rebelión frente a la Constitución y a la legalidad. El cardenal Cañizares ha acusado al Gobierno de ir contra la sociedad y ha defendido el papel de la Iglesia como impulsora de los derechos humanos. (sic) La inocencia histórica basada en el olvido de todo lo que han hecho les permite esa buena conciencia, aunque esté construida desde la mentira histórica. Mantienen firme su arraigada idea de que son depositarios de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular, en un documento colectivo que publicaron en 1988.

[continuar leyendo en El País]

| |